¿GIAMMATTEI AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS?

El gobierno del Presidente Alejandro Giammattei no pudo comenzar de peor manera que como la que le ha tocado lidiar, pues este no tenía ni 100 días haber asumido el mando cuando le ha tocado que enfrentar la peor crisis sanitaria de la historia reciente del país. Y es que en las últimas semanas Giammattei ha tenido que tomar decisiones que han resultado perjudiciales para muchas personas, empezando por el sector empresarial que se ha visto fuertemente afectado en sus negocios por la suspensión de labores, los trabajadores formales que se han visto afectados por la suspensión de sus contratos de trabajo y el resto de la población económicamente activa quienes en su mayoría pertenecen a la economía informal que tampoco han podido realizar al cien por ciento sus actividades.

Hace unas semanas se aprobó en el Congreso de la República un paquete de rescate económico en el que se aprobaron prestamos con los que se financiará la implementación de programas para mitigar los efectos del COVID-19 en Guatemala. También fue aprobada una ampliación presupuestaria con la que el ejecutivo puedrá cumplir con varios compromisos que se tenían pendientes.

El total de los fondos que estarán disponibles para atender la emergencia del COVID-19 en Guatemala, superan los 20 mil millones de quetzales, algo completamente sin precedentes en la historia política del país. Sin embargo cuando todos estos programas estuvieron en discusión en el Congreso de la República, hubo un tema que no fue aprobado inicialmente, siendo esta propuesta aquella que buscaba replicar el modelo del Presidente Salvadoreño Nayib Bukele, en la que este le ordenaba a las empresas que distribuyen energía eléctrica, servicios de telefonía e internet, no suspender dichos servicios por el tiempo que dure la emergencia del COVID-19 y poder diferir dichas facturas en viarios pagos.

Sin embargo, esta medida no fue aprobada en la misma noche que el resto de los programas, debido a que no hubo consensos entre las bancadas mayoritarias del Congreso de la República y que forman la alianza parlamentaria que apoya las propuestas del Presidente Alejandro Giammattei. La razón principal fue que varios de los partidos más conservadores del país, tales como el PAN, CREO y Unionista se opusieron férreamente a esta propuesta, pues la misma atentaba directamente contra los intereses de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, así como a las de telefonía e internet.

Durante esa maratónica jornada se intentó aprobar una propuesta que fuera menos drástica que la original, en la cual se buscaba que el gobierno central a través de los ministerios que regulan esas actividades pudieran negociar de buena fe una moratoria que beneficiara a los usuarios, sin embargo, dicha propuesta tampoco conto con suficiente apoyo.

Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso se vio obligada a tener que discutir una nueva propuesta, la que posteriormente fue presentada al pleno del congreso y finalmente fue aprobada con el voto de 140 legisladores, siendo este el decreto número 15-2020, el cual indica que mientras dure el estado de Calamidad las empresas públicas y privadas no podrán suspender el suministro de agua, energía eléctrica, cable e internet, también indica que los usuarios que no estén en la capacidad económica de realizar los pagos de estos servicios, podrán suscribir convenios de pago hasta por doce cuotas sin recargo alguno de mora, intereses o gastos administrativos.

Este decreto fue aprobado el pasado tres de abril, sin embargo, el Presidente Alejandro Giammattei aún no lo sanciona para que el mismo entre en vigencia inmediatamente. Extraoficialmente se sabe que Giammattei lo vetará ya que existen fuertes presiones del sector empresarial quienes amenazan con realizar cortes en los servicios, especialmente en lo que se refiere a la energía eléctrica.

Para nadie es un secreto que Giammattei fue financiado durante la campaña electoral por los empresarios más poderosos de este país, razón por la cual los Ministerios que tienen que ver con la economía y con la regulación de los servicios básicos, están dirigidos por empresarios o personas allegadas a las cámaras más importantes de Guatemala.

Si bien es cierto Giammattei cuenta con un alto apoyo popular, el no aprobar estas medidas le traerá grandes consecuencias, pues este tema mantiene fuertemente dividida la opinión pública, pues actualmente existe un alto descontento con todas las distribuidoras de energía eléctrica, tanto por el pésimo servicio que prestan, como en la percepción de que el precio es excesivamente alto, situación que puede llevar al extremo de avivar que propuestas de nacionalización como las que realiza CODECA.